Ante la publicación de los resultados del estudio del Spending Review de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) [1] sobre medicamentos dispensados a través de receta médica, Farmaindustria quiere reafirmar su corresponsabilidad con la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario público, el acceso de los pacientes a los tratamientos más adecuados para ellos y el fortalecimiento de la I+D biomédica y el tejido investigador en España.
Asimismo, el sector está siempre abierto al diálogo con todos los agentes implicados, y especialmente con las distintas administraciones, para encontrar soluciones a los retos que plantea el futuro del Sistema Nacional de Salud y a la necesidad de trabajar de manera constante por la eficiencia de la inversión pública en la sanidad y, dentro de ella, el medicamento. Prueba de ello es el Convenio por la Sostenibilidad, el Acceso y la Innovación [2] entre Gobierno y Farmaindustria, recientemente prorrogado para 2019 y que tiene como objetivo asegurar el acceso de los ciudadanos a las innovaciones terapéuticas en condiciones de equidad y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario.
En cuanto a los elementos fundamentales del estudio de AIReF, a falta de un análisis detallado del mismo y sin entrar por lo tanto a analizar cada una de las medidas que propone, Farmaindustria quiere hacer las siguientes consideraciones:
- El estudio deja de lado los aspectos relacionados con la salud, la calidad de vida y el interés de los pacientes, para centrarse de forma exclusiva en la reducción de costes a corto plazo, sin reconocer los beneficios que los medicamentos innovadores suponen para la sociedad en términos de años de vida ganados y ahorros de costes sanitarios (menos hospitalizaciones y menor gasto hospitalario) y sociales, como las mejoras en el ámbito de la incapacidad laboral (que se traduce en mayor productividad) o los cuidados familiares. Además, ignora la complejidad del proceso de innovación y la naturaleza incremental del progreso terapéutico, reduciendo los procedimientos de intervención de precios a un mero problema de obtener el precio más bajo posible a lo largo del ciclo de vida del medicamento, y obviando otros condicionantes críticos de una actividad administrativa tan importante como es la regulación económica del medicamento. En suma, propone un enfoque exclusivo sobre el coste, sin considerar la cualidad de inversión que tiene el gasto en medicamentos.
- Las medidas de ahorro a corto plazo que plantea el documento no tienen en cuenta la reducción que ha experimentado el gasto farmacéutico público en receta (en oficina de farmacia), que ha pasado de representar el 1,13% del PIB y una cuantía de 260 euros per cápita en 2010 al 0,87% del PIB y 228 euros per cápita en 2018. Lejos de subir, el gasto per cápita en España es notablemente inferior al de los países de su entorno: un 32% inferior a la media de países de la Eurozona (datos de 2016). Además, las propias previsiones de la AIReF para 2019-22 muestran un crecimiento del gasto farmacéutico muy reducido (1,4% medio anual) e inferior al crecimiento del PIB nominal (3,8%), por lo que esta partida no amenazaría en ningún caso a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. No se entiende, por tanto, la necesidad de abordar un plan para ahorrar 1.500 millones de euros en 4 años, con medidas de gran calado que el informe además califica como “fáciles de implementar”.
- El estudio ignora un indicador clave para medir la eficiencia del modelo farmacéutico español: el tamaño del mercado fuera de patente. Así, no se menciona que, una vez que expira la patente, en España los medicamentos originales bajan al mismo precio que su genérico correspondiente, con lo que el indicador relevante en términos de eficiencia no es tanto el porcentaje de mercado que ocupan los genéricos cuanto el porcentaje de mercado de los medicamentos a precio de genérico, que en la actualidad alcanza el 82% de las dispensaciones de medicamentos de prescripción en oficinas de farmacia (datos de 2018).
- No tiene en cuenta el informe el citado Convenio entre Gobierno y Farmaindustria, que implica la colaboración para el uso adecuado del medicamento, sobre la base de la protección del acceso por parte del paciente y la sostenibilidad del sistema sanitario, y que implica que, en caso de que el gasto público crezca más de lo que lo hace el PIB, la industria farmacéutica devuelva la diferencia a la Administración.
- El estudio, por otro lado, recoge un cúmulo de medidas que pretenden afrontar un mismo problema y se acaban solapando e incurriendo en incompatibilidades entre ellas, sin hacer una evaluación comparativa de las mismas y sin respetar el principio de proporcionalidad que debe presidir toda regulación.
- Al plantear las medidas de ahorro, los autores del informe no han tenido en cuenta su impacto sobre el tejido productivo e innovador del país. En concreto, de llevarse a cabo, las citadas medidas supondrían un importante daño, desde el punto de vista productivo, para la industria farmacéutica, que produce medicamentos en España por valor de 15.000 millones de euros y es el sector líder en I+D industrial en nuestro país, con más de un 20% del total, y que está a la cabeza en las exportaciones de alta tecnología, con un 25% del total. Asimismo, esta industria genera en España más de 40.500 empleos directos (que suman hasta 200.000 contando los indirectos e inducidos), que se caracterizan por su carácter indefinido, su elevada cualificación y su paridad (el 52% son mujeres, porcentaje que se eleva al 64% en el área de I+D).
- La industria farmacéutica innovadora, además, es uno de los pilares sobre los que se sostiene el tejido investigador en el ámbito de la salud. Invierte 1.150 millones al año en I+D, de los que casi la mitad corresponden a colaboración con terceros (hospitales, universidades y otros centros de investigación públicos y privados). Y a esto se suman otras aportaciones (como el 2% de la facturación de la industria al Sistema Nacional de Salud, que las compañías retornan al propio sistema para apoyar la investigación pública). Las propuestas de AIReF supondrían un claro perjuicio para las inversiones en este ámbito en España y, a la larga, acabarían generando un grave daño en un ámbito clave para el futuro de cualquier país como es la investigación biomédica, un terreno en el que, entre todos los agentes, incluyendo la Administración, se han realizado ingentes esfuerzos en los últimos años que, en el caso concreto de la investigación clínica, han hecho posible que España figure hoy en el grupo de cabeza en Europa.
En definitiva, Farmaindustria comparte el objetivo de trabajar por la mejora de la eficiencia de la inversión en la sanidad y el medicamento. Esta labor, en cualquier caso, debe hacerse desde una perspectiva abierta, realista y a largo plazo, que tenga en cuenta desde el valor que para la salud y los pacientes tiene el medicamento hasta su condición de inversión para el sistema sanitario y el conjunto de la sociedad. Sobre estas bases, la Asociación, que llevará a cabo un análisis más detallado del documento, quiere reiterar su firme disposición a seguir trabajando conjuntamente con el Gobierno y las distintas administraciones con el fin de apoyar la calidad asistencial y la sostenibilidad futura de nuestro Sistema Nacional de Salud, como viene demostrando a lo largo de los años.