Un informe jur\u00eddico elaborado por el despacho Ur\u00eda Men\u00e9ndez sobre la Proposici\u00f3n de Ley de Racionalizaci\u00f3n del Gasto en la Prestaci\u00f3n Farmac\u00e9utica presentada al Parlamento de Galicia por el Gobierno Auton\u00f3mico concluye que la Comunidad Aut\u00f3noma Gallega carece de competencias para aprobar las medidas contenidas en dicha norma, tal y como ha venido advirtiendo Farmaindustria desde que el pasado mes de agosto el Grupo Popular en el Parlamento de Galicia presentara la iniciativa.<\/p>\n
Dicho informe, que hoy hicieron p\u00fablico en rueda de prensa en Santiago de Compostela la Directora del Departamento Jur\u00eddico, Lourdes Fraguas, el Director de Comunicaci\u00f3n, Juli\u00e1n Zabala, y el Director de Relaciones con las Comunidades Aut\u00f3nomas de Farmaindustria, Jos\u00e9 Ram\u00f3n Luis-Yag\u00fce, pone de manifiesto que la Proposici\u00f3n de Ley constituye una clara extralimitaci\u00f3n de las competencias auton\u00f3micas y es contraria al ordenamiento vigente.<\/p>\n
En concreto, recuerda que la legislaci\u00f3n estatal establece que es competencia exclusiva del Estado determinar los medicamentos que son financiables con cargo a fondos p\u00fablicos, as\u00ed como fijar las condiciones de dicha financiaci\u00f3n y el r\u00e9gimen de prescripci\u00f3n y dispensaci\u00f3n de medicamentos para ser cubiertos por el Sistema Nacional de Salud (SNS).<\/p>\n
El informe tambi\u00e9n se refiere a que la normativa nacional establece que la cartera de servicios de las Comunidades Aut\u00f3nomas \u201cincluir\u00e1 cuando menos la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud\u201d (art\u00edculo 20 de Ley de Cohesi\u00f3n y Calidad del Sistema Nacional de Salud), y que el Estado tiene la competencia exclusiva para fijar un nivel m\u00ednimo homog\u00e9neo para todo el territorio nacional en lo que se refiere a prestaciones del SNS. Al respecto, hace hincapi\u00e9 en que las comunidades aut\u00f3nomas est\u00e1n facultadas para incluir en sus carteras de servicios nuevas prestaciones no incluidas en la prestaci\u00f3n farmac\u00e9utica del SNS, pero en ning\u00fan caso pueden modificar o recortar prestaciones aprobadas por el Ministerio de Sanidad, Pol\u00edtica Social e Igualdad para todo el territorio nacional en ejercicio de las competencias exclusivas del Estado.<\/p>\n
Asimismo, el informe de Ur\u00eda y Men\u00e9ndez se\u00f1ala que la iniciativa legislativa gallega modifica el r\u00e9gimen de financiaci\u00f3n de los medicamentos en Galicia autorizando a la Consejer\u00eda a crear un cat\u00e1logo diferente al del SNS y, de esa forma, excluir la cobertura p\u00fablica de los medicamentos que considere conveniente, algo para lo que la comunidad aut\u00f3noma carece de competencias.<\/p>\n
Al respecto, concluye que la norma propuesta vulnera el principio de igualdad de acceso a la prestaci\u00f3n farmac\u00e9utica, consagrado, entre otras normas, en la Ley de Cohesi\u00f3n, y restringe injustificadamente y sin competencia para ello, el acceso a la prestaci\u00f3n farmac\u00e9utica del SNS de los pacientes de Galicia mediante la elaboraci\u00f3n de un cat\u00e1logo de medicamentos y productos sanitarios m\u00e1s reducido que el del SNS. El estudio jur\u00eddico insiste en que el ordenamiento jur\u00eddico reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones del SNS, entre las que se encuentra la farmac\u00e9utica, en condiciones de igualdad efectiva en todo el territorio nacional, y recalca que las competencias para la determinaci\u00f3n del r\u00e9gimen de financiaci\u00f3n, prescripci\u00f3n y dispensaci\u00f3n de medicamentos corresponde al Estado, \u00fanico que puede garantizar esa igualdad.<\/p>\n
Por \u00faltimo, este informe analiza las connotaciones que la Proposici\u00f3n de Ley puede tener para los profesionales sanitarios, considerando que incide en el libre ejercicio de su profesi\u00f3n y que vulnera su derecho a la libertad de prescripci\u00f3n que, conforme a la legislaci\u00f3n vigente, cuenta con el \u00fanico l\u00edmite del Nomencl\u00e1tor autorizado por el Ministerio de Sanidad, Pol\u00edtica Social e Igualdad.<\/p>\n
Destaca que al excluirse determinados medicamentos del cat\u00e1logo de productos susceptibles de prescripci\u00f3n, el m\u00e9dico se ve imposibilitado para prescribir dichos f\u00e1rmacos aunque desde el punto de vista t\u00e9cnico-cient\u00edfico considere que se trata de la opci\u00f3n terap\u00e9utica m\u00e1s adecuada para el concreto paciente, y obligado a prescribir \u00fanicamente los medicamentos que la comunidad aut\u00f3noma decida incluir en el cat\u00e1logo, con exclusi\u00f3n de otros que pudieran haber representado el tratamiento de elecci\u00f3n y que est\u00e1n incluidos en el r\u00e9gimen de financiaci\u00f3n con cargo a fondos p\u00fablicos.<\/p>\n
Por todo ello, Farmaindustria lamenta que desde la Consejer\u00eda de Sanidad, por supuestos motivos econ\u00f3micos, se respalde una iniciativa que supone un recorte en los derechos de los pacientes, que atenta contra su equidad en el acceso a los tratamientos disponibles y contra su derecho de acceder a los medicamentos en condiciones de igualdad respecto a ciudadanos de otras comunidades. Adem\u00e1s, alerta de que esta medida, con las que no se incide en la demanda, va suponer una quiebra en el Sistema Nacional de Salud, y tendr\u00e1 tambi\u00e9n graves consecuencias para la industria en Espa\u00f1a.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"