El análisis de PwC sostiene que tal y como está diseñada la Directiva resulta contraria a los principios de proporcionalidad y no discriminación, por lo que vulnera el principio de quien contamina paga. Esta valoración se suma a las recientes conclusiones de la Abogada General del TJUE, que también cuestiona la atribución de responsabilidades sólo a los sectores farmacéutico y cosmético.
