Farmaindustria respalda la decisión del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Resolución del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía por la que se establece la convocatoria de una subasta para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de dicha comunidad autónoma en caso de prescripción por principio activo.

Esta decisión del Ejecutivo está en línea con los dictámenes emitidos recientemente por el Consejo de Estado en los que consideraba que existe vulneración de las normas constitucionales de distribución de competencias entre el Estado y las CCAA y, por tanto, motivos para la interposición de los correspondientes recursos ante el Tribunal Constitucional.

Además de invadir competencias constitucionales propias y exclusivas del Estado en materia de inclusión de medicamentos en la prestación farmacéutica pública y en materia de fijación de precio de los medicamentos financiados con cargo al SNS, el Decreto Ley 3/2011 que se pone en práctica a través de esta Resolución establece un procedimiento que supone una vulneración de lo dispuesto en Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y una ruptura de la igualdad en el acceso a la prestación farmacéutica, reconocida como mínima y común por la normativa estatal.

Las subastas constituyen un caso más de inequidad entre los pacientes españoles en función de la comunidad en la que residen, provocando la ruptura de la unidad del mercado farmacéutico y generando un desequilibrio en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, e implicando una grave restricción de la competencia para las compañías farmacéuticas.