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Destinar un 7% del PIB a la Sanidad pública y mantener el Convenio entre Gobierno y Farmaindustria, instrumentos para afrontar el reto del acceso a los medicamentos

El director del Departamento de Estudios de Farmaindustria, Pedro Luis Sánchez, participa en la Jornada Post-Ispor 2019 para analizar la financiación de la innovación
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Madrid, 29.01.2020

Antoni Gilabert y Pedro Gómez Pajuelo, de ISPOR, flanquean a Pedro Luis Sánchez (Farmaindustria), Marta Trapero (Comité Asesor de la Financiación de la Prestación Farmacéutica) e Iñaki Betolaza (Departamento de Salud del País Vasco).

Mantener el Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y Farmaindustria, aumentar del 6 al 7% el presupuesto destinado a la Sanidad pública y ganar en eficiencia son algunos de los instrumentos que el Gobierno tiene para garantizar el futuro del acceso a la innovación farmacéutica en nuestro país.

Así lo expuso el director del Departamento de Estudios de Farmaindustria, Pedro Luis Sánchez, en la Jornada Post-ISPOR 2019 sobre Transformación digital en salud. Nuevos roles y responsabilidades compartidas, celebrada este miércoles en Madrid con la colaboración de Diariofarma, en la que se abordó el debate sobre los retos actuales en materia de precio, financiación, acceso y compra de los medicamentos y la digitalización del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En primer lugar, y ante la pregunta de si sería necesario incrementar los presupuestos del SNS dedicados a los medicamentos, en el foro se recordó el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de destinar al final de esta legislatura el 7% del PIB a la Sanidad, en lugar del 6% actual, alineándose con los países de referencia del entorno europeo. “Existe un problema de infrafinanciación clarísimo en el sistema sanitario, porque los costes han ido a más en estos últimos años y, sin embargo, no se han incrementado las partidas”, recordó el portavoz de Farmaindustria.

En paralelo, subrayó la importancia de mantener un instrumento como el Convenio de colaboración entre Farmaindustria y el Gobierno, porque es un mecanismo eficaz para la sostenibilidad y contribuye a crear un marco de estabilidad, certidumbre y confianza con las compañías farmacéuticas, esencial para impulsar la I+D de nuevos medicamentos a medio y largo plazo, que requiere importantes niveles de inversión. Añadió que ahora mismo es un acuerdo que se limita a la industria innovadora (si el gasto público en medicamentos originales crece más de lo que lo haga el PIB, las compañías farmacéuticas harán aportaciones a la Administración por la diferencia): “El convenio es un ejercicio de responsabilidad del sector innovador y supone un sacrificio importante”, afirmó.

La posibilidad de disfrutar en España de una excelente prestación farmacéutica es gracias a un modelo articulado que fomenta la investigación en nuevos medicamentos a través de la protección de la propiedad industrial y que facilita posteriormente, al finalizar la patente, la llegada de los genéricos, lo que implica bajadas de precios y ahorros que pueden reinvertirse en el acceso a la innovación. Sánchez defendió el buen funcionamiento de este modelo, que posibilita la incorporación de las innovaciones -nuevos medicamentos que aportan mejoras a la terapéutica ya existente- sin comprometer la sostenibilidad del sistema sanitario desde el punto de vista de sus costes.

Discrepó, sin embargo, de que el criterio de coste-efectividad aplicado en las decisiones de financiación de medicamentos sea el que más peso deba tener: “Ha de ser un elemento más, pero no el único ni el que más peso tenga”. El medicamento proporciona ahorros en otras prestaciones asistenciales, mejora la productividad, aumenta la calidad de vida de los pacientes… Todos ellos son aspectos que deben considerarse para financiar un fármaco.

En este sentido, un desafío fundamental es avanzar en la medición de resultados en salud de los nuevos medicamentos como uno de los pilares de la política farmacéutica; es decir, analizar con mayor profundidad cuál es el valor que aportan. Sánchez apuntó que debe ser un proyecto estratégico para el SNS, que debe tener como fin último mejorar la salud de los pacientes y que éstos puedan tener acceso al fármaco más adecuado para ellos y que mejorará el uso de los recursos públicos. “Si somos capaces de medir los resultados en salud de las innovaciones, mejoraremos sí o sí la eficiencia del SNS”, manifestó.

El director del Departamento de Estudios de Farmaindustria analizó este desafío con Marta Trapero, vocal del Comité Asesor de la Financiación para la Prestación Farmacéutica del Ministerio de Sanidad, y Jon Iñaki Betolaza, director de Farmacia del País Vasco.

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